Deshacer el entuerto será complicado. Y convencer a los engañados de que fueron víctimas de una cruel manipulación lo será aún más. En el sucio negocio de la cosa pública aparecen, en ocasiones, perfiles sociopáticos capaces de inocular toxicidad y conflicto a una velocidad asombrosa. Siempre hay quien compra confusión, quien cree que se podrá aprovechar o incluso triunfar con lo que le cuentan, quien da por hecho que es de justicia lo que oye aunque se trate de un dislate.
Todo el mundo no puede leer de todo, y aunque leer cosas fundamentales como la Constitución Española es fácil y rápido, entenderla quizá no lo es tanto. Lo más habitual es que el ciudadano confunda derechos constitucionales con derechos fundamentales. Además, lo más probable es que tampoco conozca a quién debe reclamar, cuando proceda, que se les provea de lo necesario para disfrutar de esos derechos.
Al grano: la vivienda NO es un derecho fundamental. Es un derecho constitucional que no es lo mismo ni se le parece, y que obliga a los poderes públicos, no a los ciudadanos privados, a hacer lo posible con su gestión para que se haga efectivo. ¿Y qué hacen los gobiernos como el actual en España? A lo fácil: mentir, engañar, no construir vivienda pública, hacer leyes de enfrentamiento entre ciudadanos y alentar el caos y el conflicto a través de la ocupación de la propiedad privada. O sea, socialismo. Véanse los planes de vivienda en Venezuela, Cuba y similares.
Esta semana se difundía un vídeo en el que un pequeño ejército de vecinos desalojaban a las bravas a una panda de okupas. Quizá incluido algún propietario. Uno de los okupas les acusa de entrar en una propiedad privada. Sí, como lo oye: lo ocupado convertido en propiedad privada según el descerebrado. Y llamó a la policía porque quizá, el propietario legal, le había ocupado la casa y lo había echado.
Yo imagino, que las mentes enfermas social comunistas que ven ese vídeo, se descojonan de la risa desde sus sillones de piel noble, en sus chaletazos protegidos con los impuestos de todos. Que se echan un güisqui de 30 años y tras removerse un poco en el sillón se tiran un cuesco a la salud de los ciudadanos. No podemos permitir una degeneración social al nivel que, como en otras ocasiones de la Historia, consiga que una banda de sociopátas y psicópatas pisando moqueta destruyan la sociedad. O perderemos, más temprano que tarde, la posibilidad de quitarlos de los espacios públicos y las instituciones.